La Comisión Europea ha publicado su evaluación de los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC), confirmando que los Estados miembros han cerrado de forma significativa la brecha existente para alcanzar los objetivos climáticos y energéticos de 2030. Según el análisis, la Unión Europea se encuentra colectivamente en camino de alcanzar los siguientes objetivos:

• reducir en un 54 % de emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a los niveles de 1990,
• alcanzar una cuota mínima del 42,5 % de energía renovable en el consumo final de energía para 2030.

 

La evaluación incluye un análisis detallado de 23 planes nacionales finales, así como orientación adicional para facilitar su aplicación. La Comisión subraya la necesidad de transformar los planes en acción concreta, reforzando la financiación pública y privada, la cooperación interterritorial y la planificación estable a largo plazo. Se destaca el compromiso de los Estados miembros para reducir la dependencia de combustibles fósiles importados, mejorar la resiliencia del sistema energético, y avanzar en la integración del mercado interior de la energía.

Tres Estados miembros —Bélgica, Estonia y Polonia— aún no han entregado sus planes definitivos. Sus objetivos han sido incorporados de forma provisional en la evaluación general, a la espera del análisis individual por parte de la Comisión. También se encuentra en revisión el plan final presentado por Eslovaquia el 15 de abril de 2025.

La Comisión señala que los PNIEC seguirán siendo una herramienta clave de gobernanza para el periodo posterior a 2030, y serán revisados en el marco de la futura reforma del Reglamento de Gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima.

A través del siguiente enlace puede accederse al informe completo de evaluación de los PNIEC (Comunicación de la Comisión 27, de 27 de mayo de 2025), y al anexo de la misma.

Además, la Comisión ha publicado un Documento de trabajo en el que incluye las evaluaciones individuales de los PNIEC actualizados de los Estados miembros, que abordan, entre otros aspectos, las medidas para el PNIEC elaboradas por la Comisión a finales de 2023 (Recomendación (UE) 2024/600 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2023, relativa al proyecto de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima actualizado de España para el período 2021-2030 y a la coherencia de las medidas de España con el objetivo de neutralidad climática de la Unión y con respecto a garantizar avances en materia de adaptación ).

A continuación, se detallan los aspectos clave de la evaluación del PNIEC 2023-2030 español:

 

Indicador	Últimos disponibles	Objetivos y contribuciones nacionales 2030	Evaluación del nivel de ambición 2030
Reducción de emisiones de GEI (Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros de aquí a 2030, que contribuye a la acción por el clima para cumplir los compromisos del Acuerdo de París, Reglamento ESR) [%]	2022: -19,5 % 2023: -20,9 %	-44,6 %	La contribución de España del -44,6 % está en línea con el objetivo obligatorio del -37,7 %.
Eliminaciones netas de GEI Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero derivadas del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de la política climática y energética hasta 2030 (, Reglamento LULUCF)	Absorciones netas comunicadas de -47,4 Mt CO₂ eq en 2022	Objetivo adicional de eliminación: -5,3 Mt CO₂ eq	Ambición insuficiente según las proyecciones: brecha de 6,11 Mt CO₂ eq respecto al objetivo 2030.
Energías renovables (% en consumo final bruto)	2020 objetivo: 20 % 2020 alcanzado: 21,2 % 2023: 25 %	48 %	La contribución del 48 % está en línea con el nivel requerido conforme a la fórmula del Anexo II del Reglamento (UE) 2018/1999 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima – Reglamento de Gobernanza.
Eficiencia energética (% respecto a escenario de referencia)	-13,4 % en 2020	43 % (comparado con BAU sin medidas)	—
Consumo de energía primaria (Mtoe)	2020: 123,4 2023: 110,1	98,4 Mtoe	La contribución de 98,4 Mtoe no está en línea con los resultados de la fórmula del Anexo I de la Directiva de Eficiencia Energética refundida (EED, por sus siglas en inglés): 81,8 Mtoe (escenario de referencia) o 82,2 Mtoe (escenario actualizado).
Consumo de energía final (Mtoe)	2020: 86,1 Mtoe 2023: 82,6 Mtoe	74,1 Mtoe	La contribución de 74,1 Mtoe no está en línea con los resultados de la fórmula del Anexo I de la Directiva (UE) 2023/1791 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2023, relativa a la eficiencia energética (EED): 66,0 Mtoe (escenario de referencia) o 66,5 Mtoe (escenario actualizado).
Nivel de interconexión eléctrica (%)	2022: 2,8 %	2030: 8,1 %	La contribución de 8,1 % está por debajo del umbral del 15 % establecido como referencia por la Comisión.

 

 

• Emisiones de GEI: España prevé reducir sus emisiones totales de GEI (incluido LULUCF y excluyendo la aviación internacional) en un 32 % para 2030 respecto a 1990, y alcanzar la neutralidad climática en 2050.

 

• Emisiones y absorciones de GEI derivadas del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (LULUCF): España ha abordado parcialmente la recomendación 3 de la Comisión. Aunque el sector LULUCF sigue siendo un sumidero neto (16 % de las emisiones en 2022), se proyecta un déficit de 6,11 MtCO2eq para 2030 respecto al objetivo. El plan no introduce nuevas medidas y reconoce la importancia de la flexibilidad del artículo 13b(6) del Reglamento. No se detalla el uso de fondos públicos o privados, ni se informa sobre avances en la mejora de los niveles de precisión de los datos.

 

• Captura y almacenamiento de carbono (CCUS): España no ha abordado la recomendación 2 de la Comisión. El plan no incluye una estrategia integral de CCUS ni estimaciones de capacidad de almacenamiento ni objetivos de inyección. Sin embargo, se prevé una financiación de 2.370 millones de euros para la descarbonización de la industria manufacturera, incluyendo proyectos CCUS.

 

• Adaptación al cambio climático: España no ha abordado la recomendación 4 de la Comisión. Aunque se reconocen avances el Plan Nacional de Adaptación 2021–2030, faltan detalles sobre el alcance y calendario de sus medidas. No se ofrece una evaluación prospectiva completa sobre la demanda de agua y su impacto en la energía, ni sobre los posibles conflictos entre sectores.

 

• Combustibles fósiles: España ha abordado parcialmente la recomendación 16 de la Comisión. El plan se compromete a eliminar subsidios a los combustibles fósiles, pero no concreta medidas ni cronograma. Incluye referencias genéricas al resultado de la COP28 y a la prohibición de nuevas exploraciones de hidrocarburos.

 

• Energías renovables: España ha abordado parcialmente las recomendaciones 5 a 8 de la Comisión. Aunque no establece trayectorias estimadas ni metas indicativas para tecnologías renovables innovadoras, sí incluye planes para adoptarlas. Se detallan medidas para alcanzar el 42,5 % de renovables en 2030 y se fijan metas para el uso de biocarburantes avanzados y combustibles renovables de origen no biológico en transporte. No obstante, falta información sobre áreas de aceleración y sobre la sostenibilidad de la bioenergía, así como una evaluación de la compatibilidad del uso de biomasa con la normativa LULUCF.

 

• Eficiencia energética: España ha abordado parcialmente la recomendación 9 de la Comisión. Establece una contribución nacional de 71,7 Mtep de consumo final, por debajo del objetivo propuesto por la Comisión en marzo de 2024. El consumo primario se fija en 98,4 Mtep, también por debajo del nivel necesario. No se detallan los ahorros energéticos anuales requeridos para los organismos públicos ni las áreas construidas que deben renovarse.

 

• Seguridad energética: España ha abordado parcialmente la recomendación 11 de la Comisión. El plan no detalla medidas para reducir la demanda de gas, aunque proyecta una reducción de importaciones netas de gas de 27.874 a 17.940 ktoe entre 2020 y 2030. Se menciona una estrategia futura de seguridad energética, sin fecha concreta. El almacenamiento energético se incrementa a 22,5 GW para 2030. No se incluyen previsiones de consumo de petróleo ni evaluación de la infraestructura petrolera. En materia nuclear, se detalla la gestión de residuos y el sector auxiliar, pero no el suministro de piezas de repuesto.

 

• Mercado interior de la energía: España ha abordado parcialmente las recomendaciones 12 y 13 de la Comisión. El plan no cuantifica necesidades de flexibilidad ni fija objetivos claros para respuesta de la demanda, almacenamiento o indicadores de seguimiento. Se mencionan ayudas y mercados locales de flexibilidad. Se prevé una capacidad de almacenamiento de 22,5 GW. El plan recoge medidas sociales y de lucha contra la pobreza energética, pero sin metas cuantificadas ni recursos financieros definidos. No se aborda el uso del régimen de obligaciones de eficiencia energética para combatir la pobreza energética.

 

• I+D+i y competitividad: España ha abordado parcialmente la recomendación 14 de la Comisión. El plan recoge estrategias para apoyar la I+D+i en tecnologías limpias, economía circular y digitalización. El PEICTI incluye la transición energética como prioridad. Aunque no se cuantifican inversiones en I+D para 2030 y 2050, se mencionan medidas de cooperación regional e internacional y acciones para asegurar cadenas de suministro resilientes. No se explicita cómo se facilitarán los procedimientos de autorización o el acceso simplificado a la financiación nacional.

 

• Financiación de la transición energética y climática: España ha abordado parcialmente la recomendación 15 de la Comisión. No se desglosan las necesidades de inversión por iniciativa, aunque se incluye una estimación total y desgloses por prioridad política y fuentes de financiación. No se identifican las brechas de financiación ni se especifican los instrumentos para movilizar inversión privada. La evaluación del impacto macroeconómico es limitada y no coherente con el plan fiscal a medio plazo.

 

• Transición justa: España ha abordado parcialmente la recomendación 17 de la Comisión. El plan recoge la Estrategia de Transición Justa, el Acuerdo Marco para la Minería del Carbón y los Convenios de Transición Justa. Se analizan los impactos sobre el empleo y las necesidades sociales, pero no se detallan ni los efectos concretos ni los recursos disponibles (excepto el FJT y la política de cohesión). Falta una base analítica para el Plan Social para el Clima, incluyendo impactos del ETS2 y grupos vulnerables. Se menciona la coordinación con el PNIEC, pero sin especificaciones.

 

• Consulta pública: España ha cumplido con la recomendación 18 de la Comisión relativa a la participación ciudadana en la elaboración del PNIEC actualizado. El proceso de consulta se inició en agosto de 2022 y se llevó a cabo mediante diversos mecanismos, incluyendo consultas en línea, talleres presenciales y la intervención de órganos consultivos. Se organizaron varias rondas durante la preparación del plan: una sobre el borrador entre el 28 de junio y el 4 de septiembre de 2023, y otra sobre el plan final en marzo y junio de 2024, con un notable aumento de la participación. Además, se realizó una consulta específica en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica durante el mes de junio. El documento final incluye un resumen de las aportaciones recibidas, aunque no especifica de forma clara cómo se han incorporado estas al texto definitivo.

 

• Cooperación regional: la recomendación 19 ha sido parcialmente atendida. El plan detalla la participación de España en el Grupo de Alto Nivel sobre Interconexiones para el Suroeste de Europa (SWE), resaltando objetivos conjuntos en electrificación, hidrógeno e infraestructuras marinas, y la firma de un nuevo Memorándum de Entendimiento y el Plan de Acción SWE. No obstante, no se proporciona información sobre los acuerdos bilaterales de solidaridad para el suministro de gas con Francia y Portugal.

 

• Base analítica: el PNIEC incorpora una base analítica que cubre impactos económicos, sociales, distributivos y sanitarios hasta 2030. El análisis se basa en modelos cuantitativos documentados, incluyendo una evaluación macroeconómica general y un análisis de sensibilidad sobre los efectos de los precios energéticos en indicadores clave como el PIB y el empleo. Sin embargo, el detalle de los impactos es limitado y podría haberse desarrollado más.

 

• Coherencia estratégica y alineación con otros planes: el plan actualizado incorpora adecuadamente las inversiones y reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), incluyendo objetivos más ambiciosos como el incremento de la capacidad de electrólisis a 12 GW (frente a los 4 GW de la hoja de ruta del hidrógeno). Asimismo, se aporta información adicional sobre los resultados esperados de las reformas e inversiones, no limitándose a las iniciativas más destacadas.

La Comisión Europea insta a España a garantizar una aplicación completa y oportuna del PNIEC, destacando las siguientes prioridades:

• Emisiones difusas: asegurar la ejecución efectiva de las medidas adicionales, especialmente en el sector transporte, responsable de una parte significativa de las emisiones. Se enfatiza el cumplimiento del Reglamento sobre gases fluorados.

 

• LULUCF: reforzar las medidas de mitigación, combatir la desertificación y aumentar la resiliencia de los ecosistemas forestales para mejorar la capacidad de absorción de carbono. Incluir medidas específicas para cumplir con el objetivo 2030.

 

• Adaptación al cambio climático: aplicación y puesta en práctica de las medidas recogidas en el Plan Nacional de Adaptación, incluyendo evaluaciones de vulnerabilidad climática de infraestructuras energéticas y conflictos sectoriales en la gestión del agua. Incorporar estos riesgos en la planificación y diseño de los sistemas energéticos.

 

• Subvenciones a combustibles fósiles: establecer una hoja de ruta concreta con medidas y cronogramas para su eliminación progresiva.

 

• Industria y CCUS: desarrollar una estrategia CCUS detallada (capacidad de almacenamiento, objetivos de inyección, financiación) y fomentar la eficiencia energética en sectores de difícil descarbonización.

 

• Zonas de aceleración de renovables: poner en marcha estas zonas priorizadas para acelerar la implantación de energías renovables, asegurando un equilibrio con criterios ambientales y sociales.

 

• Eficiencia energética: implementar medidas adicionales orientadas al transporte y aplicar mecanismos de seguimiento para garantizar el principio de «eficiencia primero».

 

• Edificación: aumentar el ritmo de rehabilitación del parque no residencial, abordar los segmentos menos eficientes y promover soluciones inteligentes y el uso de renovables para calefacción y refrigeración.

 

• Transición justa: elaborar una estrategia más detallada que incluya impactos laborales y sociales, mecanismos de apoyo y recursos financieros. Integrar de forma coherente el PNIEC con el Plan Social para el Clima.